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El Tiempo Político, 24 de abril de 2023

A todos los que conocemos indocumentados: Ron DeSantis nos quiere presos

April 24, 2023

24 de abril de 2023 | Ver online

Hay organizaciones que no le siguen la corriente a DeSantis en el tema migratorio y varias organizaciones nos dicen por qué. ¿Tucker Carlson? Out. ¿Don Lemon? Out. Las polémicas podrían estar jugándole una mala pasada a los presentadores de noticias.

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Por Financial TimesTraducido al español por El Tiempo Latino

Lo más    No todos dicen que sí

Cinco años de cárcel si transporta a una persona indocumentada. A esos cinco, súmele diez años, si la persona, además, es un menor de edad. Y si usted es dueño de un negocio con empleados sin papeles tendrá que pagar una multa de hasta $15 mil o incluso podrían revocarle la licencia que le permite funcionar. Estas son algunas de las tres medidas que propone la legislatura de Florida con su ley de inmigración. Una propuesta que ha sido impulsada por el gobernador Ron DeSantis y que probablemente sea aprobada en las próximas semanas por una Cámara de Representantes con mayoría republicana. ¿Seguridad o aspiraciones? A pesar de justificar su propuesta con un asunto de seguridad nacional, el anuncio de DeSantis de una legislación que convertiría en criminales a las personas –ciudadanos o residentes– que mantienen algún tipo de relación con un inmigrante indocumentado. El giro es visto por algunas organizaciones más como una movida política de un gobernador que quiere ser presidente. 

  • “Esto es otro teatro político de su parte”, afirma la directora de Florida Inmigration Coalition, Paula Muñoz, para referirse a la propuesta del gobernador DeSantis. Esta coalición, con sede en el sur del estado, reúne a más de 25 organizaciones que ayudan a integrar a los inmigrantes que llegan a Florida a las actividades del estado para así hacerlos sentir como “en casa".

  • Con esta legislación, los ciudadanos o residentes estadounidenses que alberguen, transporten o tengan contacto con alguna persona indocumentada, estarían forzados a denunciarlos a las autoridades. “Está obligando que los ciudadanos o residentes de Florida hagan el trabajo de ICE (Immigration and Customs Enforcement)”, sentencia Muñoz. 

También los empresarios. Una de las tantas medidas que contempla la ley es la de pedir a todos los empleadores que utilicen E-Verify, un sistema que verifica la empleabilidad de las personas. Si un empresario viola dos veces esta verificación, su licencia para operar su negocio será revocada. 

  • Del lado de los empresarios, les preocupa que la aprobación de esta ley vaya a suponer una dificultad más para encontrar personal cualificado que puedan emplear. “Van a aumentar las situaciones donde no se consigue fuerza laboral para trabajar en ciertos sectores", afirma Lourdes León, la directora de la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Volusia, en Florida, cuya misión es apoyar a los negocios hispanos.

  • “Si esto llega a pasar, vamos a estar en un punto inclusive peor y las compañías van a tener que tomar medidas drásticas, que no están dentro de su presupuesto, para seguir operando”, insiste León. La implementación de esta ley pondría en riesgo los trabajos de personas que han construido una vida en Florida, que sienten el estado como su nueva casa lejos de su país de origen, agrega la gremialista. 

“A pesar de que evidentemente el inmigrante es el primer afectado, también lo es el empresario”, opina Samuel Vilchez Santiago, director de Florida para la American Business Immigration Coalition Action, quien además tilda la propuesta como “antihumana y draconiana”.A vistas de una posible aprobación de la legislatura de Florida, la American Business Inmigration Coalition Action, la Florida Inmigration Coalition y otros grupos que ayudan a los inmigrantes, donde destacan las comunidades religiosas, se han reunido con representantes de la cámara para evaluar futuras enmiendas e incluso demandas que puedan debilitar la fuerza de esta ley. “Sabemos que este proyecto viola muchos derechos humanos. No es un proyecto humano”, resalta Muñoz. Ella, ciudadana americana, podría pagar hasta 15 años de cárcel por llevar a su vecino, indocumentado, a la escuela. Lee más en esta nota de Mariella Cárdenas para El Tiempo Latino.

En este episodio de SALUD podcast te contamos la historia de Valentina Quintero muestra cómo la salud bucodental es un problema sistémico que afecta a toda la comunidad, no sólo a quienes tienen dientes. Escucha el 5to episodio aquí.

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  • Lunes de despidos en los medios. La compañía Fox News Media anunció a través de un comunicado que el presentador Tucker Carlson y el canal de noticias habían decidido separarse, días después de la demanda por difamación que, tras un acuerdo, dejó $787,5 millones en las arcas de Dominion Voting Systems. En uno de los mensajes encontrados como parte de las pruebas, Carlson dijo que odiaba a Trump “apasionadamente” y calificó las afirmaciones de fraude electoral del expresidente como “locas”.

  • Otro que dejó su cargo fue el hasta ahora presentador de CNN, Don Lemon. "Don siempre será parte de la familia de CNN, y le agradecemos sus contribuciones durante los últimos 17 años", explicó el director ejecutivo del canal, Chris Licht. La polémica, en este caso, vino luego de unos comentarios sexistas realizados por Lemon en febrero con los que aseguró que la candidata republicana a la presidencia Nikki Haley no estaba "en la flor de su vida", que según él, están entre los 20, 30 y 40 años en una mujer.

  • La Casa Blanca anunció que Susan Rice, la principal asesora de Joe Biden en materia de política interna, dejará el cargo a partir de mayo. Como directora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Rice tuvo una amplia influencia en cómo se abordaba la atención médica, la inmigración y la desigualdad racial en la administración de Biden. “Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos podido lograr juntos por el pueblo estadounidense”, escribió Rice en un tuit.

También debes saberSan Francisco y el fentanilo

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  • El gobernador de California, Gavin Newson, le solicitó a la California Highway Patrol y a la Guardia Nacional de California que ayuden a las autoridades de San Francisco a combatir la crisis de fentanilo en la ciudad. Las dos agencias colaborarán con el departamento de policía local y la oficina del fiscal del distrito. El comunicado de prensa de Newsom afirma que la asociación "no tratará de criminalizar a quienes luchan contra el consumo de sustancias y, en su lugar, se centrará en responsabilizar a los proveedores y traficantes de drogas".

  • El congreso de Florida inicia este semana un debate, impulsado por el partido republicano, para aprobar una enmienda a un proyecto de ley que modificaría la autoridad de los gobiernos locales sobre la ordenanza de salario digno. De suceder esto, alrededor de 30 mil empleados en el condado de Miami-Dade podrían verse afectados y perder un promedio de $7 por cada hora de trabajo.

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